Dinamarca

El 0,7% de las jóvenes danesas se casan antes de los 18 años. La estimación excluye a las mujeres que han mantenido una relación de cohabitación antes de los 16 años o con un hombre 15 años mayor que ellas.

El matrimonio infantil está impulsado por la desigualdad de género y la creencia de que las mujeres y las niñas son de algún modo inferiores a los hombres y los niños.

Existe poca información sobre el matrimonio infantil en Dinamarca.

Dinamarca se ha comprometido a poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado para 2030, de acuerdo con la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El gobierno presentó una Revisión Nacional Voluntaria 2021 en el Foro Político de Alto Nivel. En esta revisión, el gobierno danés destacó sus esfuerzos internacionales y la ayuda humanitaria para erradicar el matrimonio infantil. El gobierno reconoció que el ODS 5 es el ODS peor financiado y que aún queda mucho camino por recorrer para lograr la igualdad de género. En 2021, Dinamarca se puso a la cabeza de la iniciativa mundial Llamada a la Acción, que reúne a 92 socios (países, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil) para combatir la violencia sexual y de género, las violaciones, las agresiones y el matrimonio infantil. El gobierno no ha presentado una Revisión Nacional Voluntaria en ningún Foro Político de Alto Nivel desde 2021.

Dinamarca copatrocinó las siguientes resoluciones del Consejo de Derechos Humanos: la resolución de 2013 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado, la resolución de 2015 para poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado, reconociendo que es una violación de los derechos humanos, la resolución de 2017 que reconoce la necesidad de abordar el matrimonio infantil, precoz y forzado en contextos humanitarios, la resolución de 2019 sobre las consecuencias del matrimonio infantil, la resolución de 2021 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado en tiempos de crisis, incluida la pandemia del COVID-19, y la resolución de 2023 sobre poner fin y prevenir el matrimonio forzado.

En 2014, Dinamarca también firmó una declaración conjunta en el Consejo de Derechos Humanos pidiendo una resolución sobre el matrimonio infantil.

Dinamarca copatrocinó las resoluciones de la Asamblea General de la ONU de 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado.

Dinamarca ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991, que el Comité de los Derechos del Niño ha interpretado para recomendar el establecimiento de una edad mínima para contraer matrimonio de 18 años, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1983, que obliga a los Estados a garantizar el libre y pleno consentimiento para contraer matrimonio.

En 2015, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por el hecho de que los esfuerzos de Dinamarca para combatir el matrimonio forzado entre migrantes, incluido el requisito de que los cónyuges tengan al menos 24 años de edad durante los casos de reunificación, restringen los derechos de las mujeres a la vida familiar. Instó a Dinamarca a explorar opciones alternativas para combatir el matrimonio forzado.

Dinamarca ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (conocido como Convenio de Estambul), que considera el matrimonio forzado una forma grave de violencia contra las mujeres y las niñas, y obliga legalmente a los Estados Partes a tipificar como delito la conducta intencionada de obligar a un adulto o a un niño a contraer matrimonio.

En la primera Cumbre de las Niñas celebrada en Londres en julio de 2014, el gobierno firmó una carta en la que se comprometía a poner fin al matrimonio infantil para 2020.

Según la Ley de Concesión y Disolución del Matrimonio, la edad mínima legal para contraer matrimonio es de 18 años. Esta edad mínima pasó de 15 a 18 años en 2017 tras la aprobación de un nuevo proyecto de ley para proteger a los niños.

En enero de 2017, el gobierno danés aprobó una ley que prohíbe reconocer los matrimonios de solicitantes de asilo menores de edad casados en el extranjero. Varios grupos de derechos humanos criticaron la decisión porque no tiene en cuenta el interés superior del menor. Sin embargo, en 2021, una comisión designada por el Parlamento dictaminó que separar a las parejas en los centros de asilo era ilegal.