Datos de América Latina y el Caribe sobre el impacto de las leyes en el CEFMU

Objetivos

Este informe sirve como introducción al impacto de las leyes sobre el matrimonio precoz y forzado, las leyes sobre el consentimiento sexual y los derechos humanos y la agencia de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en la región de América Latina y el Caribe, donde la prevalencia de los matrimonios y uniones precoces y forzados se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos 25 años, a pesar de las reformas legales en la mayoría de los países para establecer los 18 años como la edad legal para contraer matrimonio.

- Revisión de la escasa bibliografía publicada sobre estas cuestiones y visión general de los marcos jurídicos internacionales, regionales y nacionales.

- Consultas y diálogo con los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil miembros de Girls Not Brides en la región.

Hallazgos

- Aunque la mayoría de los países han reformado sus leyes para fijar la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, el compromiso de los gobiernos suele detenerse ahí, y la persistencia del CEFMU ilustra la insuficiencia de la ley para abordar las normas sociales profundamente arraigadas y las desigualdades estructurales que perpetúan el CEFMU.

- La dinámica del matrimonio en la región está evolucionando, con muchos "tipos" de matrimonios/uniones, mientras que la ley suele tratarlos a todos por igual.

- Las uniones informales son comunes entre los adolescentes, pero a menudo no están contempladas en la legislación, lo que deja a las niñas sin protección legal ni apoyo durante o cuando estas relaciones terminan.

- La creciente criminalización del CEFMU y de la sexualidad adolescente tiene consecuencias negativas como la restricción del acceso a los servicios y al apoyo en materia de salud sexual y reproductiva (SSR).

- El cumplimiento de la ley a menudo se traduce en acoso, abuso emocional, estigma social y reticencia entre los profesionales médicos a prestar servicios a menores.

- Los países están considerando la posibilidad de elevar la edad de consentimiento sexual (que varía entre los 13 y los 18 años en la región) para que coincida con la edad del matrimonio, sin tener en cuenta la realidad de la actividad sexual adolescente, la evolución de las capacidades de los adolescentes y su derecho a la autonomía sexual y corporal, con el riesgo de restringir aún más el acceso a los servicios de SDSR y el apoyo en la región del mundo con las tasas más altas de embarazos no deseados en adolescentes.

Recomendaciones

- La transformación de las normas sociales y de género y los enfoques interseccionales de transformación de género para abordar las desigualdades estructurales son necesarios para crear las condiciones para que las niñas, las adolescentes y los jóvenes ejerzan su agencia en todos los aspectos de sus vidas, ya que las leyes aisladas están mal equipadas para abordar la dinámica de esta práctica social.

- Las diversas dinámicas y tipos de necesidades matrimoniales/uniones deben informar las reformas legales

- Deben explorarse alternativas a la criminalización del CEFMU y/o de la sexualidad adolescente, dadas las consecuencias negativas, incluido el acceso restringido a los servicios de SDSR.

servicios

- El principio de la evolución de las capacidades debe influir en las reformas jurídicas relativas a la edad para contraer matrimonio y la edad de consentimiento.

- El informe concluye con una serie de preguntas clave que se desprenden de los datos para inspirar futuros debates