Liechtenstein se ha comprometido a poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado para 2030, en consonancia con la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El gobierno presentó una Revisión Nacional Voluntaria en el Foro Político de Alto Nivel de 2023; sin embargo, no se mencionaba el matrimonio infantil.
Liechtenstein copatrocinó las siguientes resoluciones del Consejo de Derechos Humanos: la resolución de procedimiento de 2013 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado, la resolución de 2015 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado, la resolución de 2017 sobre el reconocimiento de la necesidad de abordar el matrimonio infantil, precoz y forzado en contextos humanitarios, la resolución de 2019 sobre las consecuencias del matrimonio infantil, la resolución de 2021 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado en tiempos de crisis, incluida la pandemia del COVID-19, y la resolución de 2023 sobre poner fin y prevenir el matrimonio forzado En 2014, Liechtenstein también firmó una declaración conjunta en el Consejo de Derechos Humanos en la que pedía una resolución sobre el matrimonio infantil.
Liechtenstein copatrocinó las resoluciones de la Asamblea General de la ONU de 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado.
Liechtenstein ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1995, que el Comité de los Derechos del Niño ha interpretado en el sentido de recomendar el establecimiento de una edad mínima para contraer matrimonio de 18 años, y se adhirió a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1995, que obliga a los Estados a garantizar el libre y pleno consentimiento para contraer matrimonio.
En 2021, Liechtenstein ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (conocido como Convenio de Estambul), que considera el matrimonio forzado una forma grave de violencia contra las mujeres y las niñas, y obliga legalmente a los Estados Partes a tipificar como delito la conducta intencionada de obligar a un adulto o a un niño a contraer matrimonio.