México

En México, el 21% de las mujeres se casa o inicia una unión antes de los 18 años y el 4% lo hace antes de los 15 años.

Los matrimonios y uniones infantiles, precoces y forzados son más frecuentes en el noreste de México y la región Sur.

Aunque los índices de CEFMU registrados oficialmente han descendido en México, cada vez más niñas y adolescentes se ven empujadas a uniones informales, que, según los informes, son cuatro veces más frecuentes que los matrimonios registrados. Juntarseque significa "juntarse" y se utiliza para referirse a una unión informal, suele ocurrir cuando una niña o adolescente y su familia acuerdan una unión, pero los trámites no se presentan hasta mucho después.

Los matrimonios y uniones infantiles, precoces y forzados están motivados por la desigualdad de género y la creencia de que las mujeres son de algún modo inferiores a los hombres.

En México, el CEFMU también está impulsado por:

● Nivel de educación: El 50% de las mujeres sin estudios estaban casadas o en pareja antes de los 18 años, frente a solo el 4% que había completado estudios superiores.

● Pobreza: El 38% de las mujeres que viven en los hogares más pobres de México se casaron o se unieron antes de los 18 años, en comparación con el 10% de las que viven en los hogares más ricos. Un estudio realizado en 2016 por ONU Mujeres reveló que el 60% de las mujeres mexicanas entrevistadas que se casaron siendo niñas vivían en la pobreza en ese momento.

● Embarazo adolescente: Casi la mitad de las adolescentes (entre 12 y 17 años) casadas tienen al menos un hijo. En algunas comunidades, se fomenta el CEFMU para evitar las relaciones sexuales prematrimoniales. Entre 2015-2020, para las niñas de 15 a 19 años, la tasa de natalidad adolescente en México fue de 71 nacimientos por cada 1000 niñas, con 21% de las niñas dando a luz antes de los 18 años.

● Prácticas nocivas: El CEFMU es más común en las zonas rurales de México, sobre todo entre los grupos indígenas, incluidos los de Chiapas, Guerrero y Veracruz, donde las leyes consuetudinarias prevalecen sobre la legislación estatal. Las niñas también son vendidas por sus familias por hasta 200.000 pesos (10.000 dólares estadounidenses), lo que se conoce como "derechos de leche", que cubrirán los gastos del embarazo, el parto y la crianza de la novia hasta su edad adulta.

● Trata: El matrimonio infantil se utiliza como medio para traficar con niñas adolescentes para el comercio sexual en ciudades fronterizas como Tijuana, Chiapas y Ciudad Juárez.

● Dinámica de poder: La mayoría de las adolescentes de 12 a 17 años que están en una unión son al menos seis años más jóvenes que su pareja y el 65% son 11 años más jóvenes o más. Incluso si la adolescente participa en el proceso de toma de decisiones sobre la unión, a menudo lo hace con alguien con mucho más poder y recursos.

Los contextos humanitarios pueden abarcar una amplia gama de situaciones antes, durante y después de catástrofes naturales, conflictos y epidemias. Exacerban la pobreza, la inseguridad y la falta de acceso a servicios como la educación, factores todos ellos que impulsan el matrimonio infantil. Mientras que la desigualdad de género es una causa fundamental del matrimonio infantil como forma de hacer frente a mayores dificultades económicas y de proteger a las niñas de una mayor violencia.

En los últimos años, la guerra de bandas y la violencia han transformado los países centroamericanos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador (comúnmente conocidos como la región del Triángulo Norte) en algunos de los lugares más peligrosos del planeta. Más de medio millón de personas, en su mayoría mujeres, niños y menores no acompañados, han huido y buscan asilo en Estados Unidos.

México lleva años asolado por la violencia causada por los cárteles de la droga y las bandas. En 2018, el país se enfrentó a su año más mortífero con más de 33.000 homicidios. En 2022, se registraron 30.968 homicidios y 947 feminicidios. La mayoría de los homicidios tuvieron lugar en el Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoaćan.

● Desplazamiento forzoso: Las duras políticas migratorias, como la de "Permanecer en México" introducida por Estados Unidos, han aumentado los peligros para una población ya de por sí vulnerable, y las mujeres y niñas corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual durante la ruta migratoria. Aunque faltan investigaciones y datos sobre el impacto de la crisis de refugiados centroamericanos en el CEFMU, las experiencias previas muestran que el desplazamiento forzado aumenta la vulnerabilidad de las niñas al CEFMU.

México se ha comprometido a poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado para 2030, en línea con la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El gobierno reiteró su compromiso con este objetivo durante sus Revisiones Nacionales Voluntarias de 2016, 2018 y 2021 en los Foros Políticos de Alto Nivel. El gobierno debe presentar una Revisión Nacional Voluntaria en el Foro Político de Alto Nivel de 2024.

México copatrocinó las siguientes resoluciones del Consejo de Derechos Humanos: la resolución de 2015 para poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado, reconociendo que es una violación de los derechos humanos, la resolución de 2017 sobre el reconocimiento de la necesidad de abordar el matrimonio infantil, precoz y forzado en contextos humanitarios, la resolución de 2019 sobre las consecuencias del matrimonio infantil, la resolución de 2021 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado en tiempos de crisis, incluida la pandemia del COVID-19, y la resolución de 2023 sobre poner fin y prevenir el matrimonio forzado.

México copatrocinó las resoluciones de la Asamblea General de la ONU de 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado.

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, que el Comité de los Derechos del Niño ha interpretado para recomendar el establecimiento de una edad mínima para contraer matrimonio de 18 años, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1981, que obliga a los Estados a garantizar el libre y pleno consentimiento para contraer matrimonio.

En 2018, el Comité de la CEDAW expresó su preocupación por los informes sobre la celebración de matrimonios forzados, especialmente en comunidades indígenas. El Comité recomendó a México que garantizara la aplicación efectiva de la edad mínima para contraer matrimonio de 18 años en todo el país, y que llevara a cabo campañas de sensibilización para cuestionar las actitudes culturales que legitiman el matrimonio precoz.

Durante el examen de México en 2015, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU expresó su preocupación por los casos de matrimonio infantil forzado entre niñas indígenas.

Durante su Examen Periódico Universal de 2018, México acordó revisar las recomendaciones para trabajar con el fin de garantizar que la legislación federal pertinente sea coherente con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con respecto a la edad mínima para contraer matrimonio.

México, como miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), está vinculado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de hombres y mujeres en edad núbil a contraer matrimonio y exhorta a los gobiernos a fortalecer la respuesta para enfrentar la violencia y la discriminación de género, incluyendo el matrimonio y las uniones tempranas, forzadas e infantiles, desde una perspectiva que respete la evolución de las capacidades y la autonomía progresiva.

México ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará) en 1998. En 2016, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) recomendó a los Estados Partes que revisaran y reformaran las leyes y prácticas para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años para mujeres y hombres.

México, como miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, adoptó en 2013 el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que reconoce la necesidad de abordar los altos niveles de embarazo adolescente en la región, ya que suelen estar asociados al matrimonio forzado de las niñas. En 2016, los países de la CEPAL también aprobaron la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género. Esta Agenda recoge los compromisos asumidos por los gobiernos en materia de derechos y autonomía de las mujeres e igualdad de género en los últimos 40 años en las Conferencias Regionales de Mujeres de América Latina y el Caribe. La Agenda reafirma el derecho a una vida libre de toda forma de violencia, incluyendo el matrimonio forzado y la cohabitación para niñas y adolescentes.

México es uno de los países donde UNICEF, UNFPA y ONU Mujeres trabajan conjuntamente en el marco del Programa Conjunto de América Latina y el Caribe por una Región Libre de Matrimonio Infantil y Un iones Tempranas (2018-2021) para: alinear los marcos nacionales con los estándares internacionales, empoderar a las niñas, promover políticas y servicios que aborden los factores que impulsan el matrimonio infantil y las uniones tempranas, y romper el silencio a nivel nacional y regional.

En noviembre de 2015, ONU Mujeres, UNFPA, ONUSIDA, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud pusieron en marcha un programa regional de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en Ecuador, Guatemala y México. El programa promueve cambios en la legislación para eliminar todas las excepciones a la edad mínima para contraer matrimonio.

México es uno de los países en los que la Iniciativa Spotlight (una asociación mundial plurianual entre la Unión Europea y las Naciones Unidas) apoya los esfuerzos para poner fin a todas las formas de violencia sexual y de género y a las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas. La Iniciativa Spotlight en México se ha centrado en la erradicación del feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. La iniciativa se llevó a cabo en cinco municipios de tres estados: Estado de México, Chihuahua y Guerrero. Entre 2019-2020, la Unión Europea ha invertido 6 millones de dólares estadounidenses. Los fondos se han distribuido de la siguiente manera:

Política: Establecer marcos jurídicos para la erradicación del feminicidio y la violencia contra mujeres y niñas, así como revisar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que los servidores públicos rindan cuentas.

Instituciones: Facilitar la coordinación interinstitucional y fortalecer las instituciones para lograr un cambio que desafíe las normas patriarcales.

Prevención: Fortalecer y promover el liderazgo entre las mujeres y las niñas, y formar a los periodistas sobre cómo transmitir éticamente la información sobre el feminicidio y la violencia contra las mujeres y las niñas.

Datos: Aumentar la capacidad y apoyar a las instituciones clave para recopilar mejor los datos que servirán de base a las leyes, políticas y programas para abordar el feminicidio y la violencia contra las mujeres y las niñas.

Movimiento de mujeres y sociedad civil: Proporcionar formación a organizaciones de derechos humanos y grupos de mujeres en función de las necesidades y prioridades identificadas, como rendición de cuentas, litigio estratégico y criminología.

En julio de 2023, durante el 5º Comité Directivo de la Iniciativa Spotlight, el país mostró los resultados de sus esfuerzos para acabar con la violencia contra las mujeres. Entre ellos:

3 reformas federales.

15 leyes aprobadas a nivel estatal para fortalecer, prevenir y eliminar el feminicidio.

59 productos del conocimiento.

Fortalecimiento de más de 40 organizaciones de la sociedad civil y colectivos de mujeres en el Estado de México, Guerrero y Chihuahua.

México es uno de los países pioneros de la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia Contra los Niños.

Desde el estallido de la pandemia del COVID-19, el aumento de los índices de feminicidio y violencia contra mujeres y niñas llevó a la Iniciativa Spotlight a establecer el programa #NoEstásSola, en colaboración con las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Gobierno de México. Este programa pretende concienciar sobre las medidas de prevención de la violencia y las vías de apoyo disponibles para mujeres y niñas.

En 2021, la Iniciativa Spotlight se asoció con el DIF Municipal (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia), la Dirección de Movilidad y Cultura Vial y la Subdirección de Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública para rejuvenecer el espacio público mediante la instalación de alumbrado público, señalización y otras mejoras en la ciudad de Chihuahua. Se espera que esto proporcione un punto de encuentro seguro para las mujeres y niñas que sufren violencia.

En junio de 2019, se eliminaron todas las excepciones a la edad mínima para contraer matrimonio mediante la modificación del Código Civil Federal.

En 2015, el Gobierno Federal puso en marcha la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. El objetivo de la estrategia es reducir los embarazos en adolescentes -un factor fundamental del matrimonio infantil- en el marco de los derechos humanos y la igualdad de género.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. En junio de 2019, se introdujeron enmiendas al Código Civil Federal que eliminaron todas las excepciones a la edad mínima para contraer matrimonio. Anteriormente, las niñas podían casarse a los 14 años y los niños a los 16 con el consentimiento de sus padres.

Sin embargo, la edad para contraer matrimonio varía a nivel estatal y depende de la legislación de cada estado.