La República Dominicana se ha comprometido a poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado para 2030, en consonancia con la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La República Dominicana informó de manera sustantiva sobre los avances y las intervenciones que se están llevando a cabo para abordar el matrimonio infantil y el embarazo adolescente en su Examen Nacional Voluntario de 2018 en el Foro Político de Alto Nivel, el mecanismo a través del cual los países informan sobre sus avances en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El gobierno presentó una Revisión Nacional Voluntaria en el Foro Político de Alto Nivel de 2021. Como parte del programa gubernamental de "bajo nivel de pobreza multidimensional", se propuso reducir la pobreza mediante planes de transferencia de efectivo, apoyo a la educación y suministro de alimentos básicos, con el objetivo de reducir el matrimonio infantil y las uniones informales tempranas. Este objetivo se reforzó con la promulgación de la Ley 1-21, que entró en vigor el 6 de enero de 2021 y tiene como objetivo prohibir el matrimonio a los menores de 18 años.
El gobierno no ha presentado una Revisión Nacional Voluntaria en ningún Foro Político de Alto Nivel desde 2021.
La República Dominicana copatrocinó la resolución de 2015 para poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado, reconociendo que es una violación de los derechos humanos, la resolución de 2017 del Consejo de Derechos Humanos que reconoce la necesidad de abordar el matrimonio infantil, precoz y forzado en contextos humanitarios, la resolución de 2021 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado en tiempos de crisis, incluida la pandemia del COVID-19, y la resolución de 2023 sobre poner fin y prevenir el matrimonio forzado.
La República Dominicana también copatrocinó las resoluciones de la Asamblea General de la ONU de 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado.
La República Dominicana ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991, que el Comité de los Derechos del Niño ha interpretado para recomendar el establecimiento de una edad mínima para contraer matrimonio de 18 años, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1982, que obliga a los Estados a garantizar el libre y pleno consentimiento para contraer matrimonio.
Durante su examen de 2023, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU tomó nota de la aplicación de la Ley nº 1-21, que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años. El Comité recomendó que el gobierno estableciera mecanismos para detectar, proteger y proporcionar servicios de apoyo a las víctimas del matrimonio infantil, combatir el matrimonio infantil y asignar recursos adecuados, tanto financieros como humanos, a la aplicación del plan nacional relativo a la protección y la promoción para erradicar el matrimonio infantil.
Durante su examen de 2022, el Comité de la CEDAW reconoció los esfuerzos del gobierno para combatir el matrimonio infantil mediante la aplicación de la Ley núm. 1-21 y el Plan Nacional para la Prevención, Asistencia, Protección y Defensa Política de la Erradicación del Matrimonio Infantil.
En 2013, el Comité de la CEDAW recomendó a República Dominicana elevar a 18 años la edad mínima legal para contraer matrimonio y adoptar medidas efectivas para prevenir los matrimonios precoces.
Durante su Examen Periódico Universal de 2019, República Dominicana aceptó revisar las recomendaciones de elevar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, tanto para hombres como para mujeres, y tipificar el matrimonio infantil como delito en el Código Penal.
República Dominicana, como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), está vinculada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de hombres y mujeres en edad núbil a contraer matrimonio y exhorta a los gobiernos a fortalecer la respuesta para hacer frente a la violencia y la discriminación basadas en el género, incluidos el matrimonio y las uniones precoces, forzados e infantiles, desde una perspectiva que respete la evolución de las capacidades y la autonomía progresiva.
República Dominicana ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará) en 1996. En 2016, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) recomendó a los Estados Partes que revisaran y reformaran las leyes y prácticas para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años para mujeres y hombres.
República Dominicana, como miembro de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), adoptó el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en 2013, que reconoce la necesidad de abordar los altos niveles de embarazo adolescente en la región, ya que suelen estar asociados al matrimonio forzado de niñas. En 2016, los países de la CEPAL también aprobaron la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género. Esta Agenda recoge los compromisos asumidos por los gobiernos en materia de derechos y autonomía de las mujeres e igualdad de género en los últimos 40 años en las Conferencias Regionales de Mujeres de América Latina y el Caribe. La Agenda reafirma el derecho a una vida libre de toda forma de violencia, incluyendo el matrimonio forzado y la cohabitación para niñas y adolescentes.
República Dominicana es uno de los países donde UNICEF, UNFPA y ONU Mujeres trabajan conjuntamente en el marco del Programa Conjunto de América Latina y el Caribe por una Región Libre de Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas (2018-2021) para: alinear los marcos nacionales con los estándares internacionales, empoderar a las niñas y adolescentes, promover políticas y servicios que aborden los factores que impulsan el matrimonio infantil y las uniones tempranas, y romper el silencio a nivel nacional y regional.