Justicia para Beatriz, justicia para todas las niñas y adolescentes de Latinoamérica y el Caribe

Durante las últimas semanas de marzo, el caso de Beatriz contra el Estado de El Salvador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) unió al movimiento latinoamericano a favor del derecho a la salud, la vida digna y el acceso a salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes. Activistas, colectivas y varias organizaciones acompañaron el caso y llenaron las calles de gritos de esperanza en Costa Rica, donde se llevó a cabo la audiencia. Este caso también estuvo acompañado de una marea virtual, en casi todos los países de la región #JusticiaParaBeatriz encabezó las listas de tendencias en diversas redes sociales y llegó a las páginas de los medios digitales más grandes de América Latina.

Quién era Beatriz y cómo su historia puede cambiar la realidad para las niñas, adolescentes y mujeres de la región

Beatriz era una joven con lupus que vivía en condiciones de pobreza en una zona rural de El Salvador. A los 19 años, Beatriz tuvo su primer embarazo del cual sufrió complicaciones de salud que resultaron en anemia y agravó el lupus que padecía. Un año después, en el 2013, tuvo un segundo embarazo que fue diagnosticado de alto riesgo, tanto para ella como para el feto ya que se diagnosticó que no tenía posibilidad de vivir fuera del útero porque carecía de cráneo y cerebro. Por recomendaciones médicas, Beatriz debía interrumpir su embarazo; sin embargo el Estado de El Salvador se lo negó a pesar de las circunstancias. Beatriz murió poco tiempo después en un accidente del que no se recuperó por su condición frágil de salud. A Beatriz se le negó una atención médica oportuna, y el derecho a decidir por su vida.

El Salvador, al igual que en Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Haití y Surinam, prohíbe de manera absoluta el aborto en América Latina y El Caribe. Además el país presenta cifras alarmantes de otras violaciones a los derechos de las mujeres.

En una región como América Latina y El Caribe, donde la tasa de embarazos adolescentes es la segunda más alta del mundo, las mujeres y las jóvenes no sólo tienen condicionado su derecho a la salud, sino que se criminaliza el querer vivir una vida digna y saludable. Además, las afectaciones físicas de los embarazos tempranos son ya conocidas; la misma Organización Mundial de la Salud ha manifestado que las adolescentes (de 10 a 19 años) embarazadas tienen mayor riesgo de preeclampsia, endometritis e infecciones sistémicas en comparación con las mujeres de 20 a 24 años.

¿Por qué tenemos que hablar de este caso? Los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas y los embarazos no deseados

Desde Girls Not Brides, consideramos que estas restricciones a la salud de las niñas y las adolescentes están estrechamente relacionadas con los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzada (MUITF). La criminalización absoluta de la interrupción del embarazo contribuye al aumento de las condiciones de desigualdad, violencia y falta de oportunidades, las cuales hacen que en América Latina y el Caribe el 21% de las mujeres se casen o entren a una unión antes de los 18 años. En el caso de El Salvador, esta cifra llega al 26% y aumenta al 60% en aquellas mujeres que no tuvieron acceso a la educación primaria.

Los embarazos en la adolescencia además de poner en riesgo la salud e integridad física y emocional de las niñas y adolescentes, limitan su proyecto de vida e incrementan la carga de trabajo de cuidados, lo que a su vez aumenta su dependencia económica y las hace vulnerables a vivir otras violencias dentro del hogar. En estos casos, garantizar el acceso a educación integral en sexualidad, y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva integral para las niñas y adolescentes, contribuye a generar más y mejores oportunidades para ellas. La despenalización absoluta del aborto ofrece una alternativa cuando todo lo demás le ha fallado a las niñas y adolescentes en relación a su seguridad, salud sexual y el ejercer libertad sobre sus cuerpos.

#JusticiaParaBeatriz es un caso de Justicia Social

Se ha evidenciado que la aprobación de políticas punitivas limita el derecho que todas las mujeres tienen a una vida digna, a tener control sobre sus cuerpos y proyectos de vida, además no eliminan la práctica de la interrupción del embarazo, pero sí limitan el acceso a este servicio en condiciones extremas.

La llegada del caso de Beatriz a la Corte IDH abre una oportunidad para abordar las carencias de un sistema estructural que no garantiza a las niñas, adolescentes y mujeres el ejercicio de sus derechos y el diseño de políticas públicas que contemplenen el acceso a la interrupción del embarazo como un servicio de salud libre de discriminación y violencia. Esto afecta principalmente a las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en situación de pobreza y marginación, orillándolas a vivir embarazos no deseados o matrimonios o uniones infantiles, tempranas o forzadas; y profundizando aún más la desigualdad, el empobrecimiento y la violencia.

El caso de Beatriz contra el Estado de El Salvador visibiliza cómo la prohibición absoluta del aborto afecta principalmente a las mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. El acceso a abortos seguros se complica aún más en contextos rurales, así como en poblaciones de origen indígena o afrodescendientes, además de otras circunstancias como la exclusión en la educación de niñas y adolescentes, así como las deficiencias en el acceso a servicios de salud.

Además, representa una oportunidad para retroceder en la adopción de legislaciones punitivas que profundizan las desigualdades en las mujeres y niñas, y que criminaliza a quienes deciden vivir y decidir por su salud y vida. En estos momentos, está en las manos de las y los jueces de la Corte IDH garantizar el reconocimiento de todas las niñas, las mujeres y las adolescentes como personas sujetas de derechos, al permitir ejercer nuestros derechos en condiciones de autonomía y libertad.

“Beatriz es la representación de las realidades de muchas mujeres en la región, donde se espera que la resolución de esta sentencia promueva que ninguna mujer tenga que vivir la crueldad, incertidumbre y la tortura que ella (Beatriz) vivió”.

Irma Lima, una de las representantes de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y parte del equipo litigante del caso ante la Corte IDH.

Entonces, ¿Qué podemos hacer?

Por otro lado, la historia de Beatriz es una invitación a reflexionar de manera colectiva en las diversas implicaciones que la criminalización del derecho a decidir puede tener en las vidas de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Es importante que identifiquemos cuál es el estado de la legislación en la materia en nuestros países, así como la existencia -o ausencia- de políticas públicas en torno al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la Educación Integral en Sexualidad, así como lla prevención de los embarazos no deseados y en la adolescencia.

Estaremos atentas a la sentencia a realizarse a finales de este año, a la espera de que la Corte IDH pueda brindar un fallo que contribuya a al acceso a la justicia y no repetición tanto a Beatriz y su familia, como a todas las mujeres, niñas y adolescentes de El Salvador y la región. Por eso te invitamos a seguir nuestras redes sociales y las redes del #Caso Beatriz, para que puedas informarte, y sumarte a los llamados de acción para pedir #JusticiaParaBeatriz