San Marino se ha comprometido a poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado para 2030, de acuerdo con la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El gobierno no ha presentado una Revisión Nacional Voluntaria en ningún Foro Político de Alto Nivel desde 2021. El gobierno presentó una Revisión Nacional Voluntaria de 2021 en el Foro Político de Alto Nivel, pero en ella no se mencionaba el matrimonio infantil.
San Marino copatrocinó las siguientes resoluciones del Consejo de Derechos Humanos: la resolución de 2013 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado, la resolución de 2015 para poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado, reconociendo que es una violación de los derechos humanos, la resolución de 2017 del Consejo de Derechos Humanos sobre el reconocimiento de la necesidad de abordar el matrimonio infantil, precoz y forzado en contextos humanitarios, la resolución de 2019 del Consejo de Derechos Humanos sobre las consecuencias del matrimonio infantil, la resolución de 2021 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado en tiempos de crisis, incluida la pandemia del COVID-19, y la resolución de 2023 sobre poner fin y prevenir el matrimonio forzado. En 2014, San Marino también firmó una declaración conjunta en el Consejo de Derechos Humanos pidiendo una resolución sobre el matrimonio infantil.
San Marino copatrocinó las resoluciones de la Asamblea General de la ONU de 2013, 2014, 2016,2018, 2020 y 2022 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado.
San Marino se adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991, que el Comité de los Derechos del Niño ha interpretado para recomendar el establecimiento de una edad mínima para contraer matrimonio de 18 años, y ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 2003, que obliga a los Estados a garantizar el libre y pleno consentimiento para contraer matrimonio.
San Marino ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (conocido como Convenio de Estambul), que considera el matrimonio forzado una forma grave de violencia contra las mujeres y las niñas, y obliga legalmente a los Estados Partes a tipificar como delito la conducta intencionada de obligar a un adulto o a un niño a contraer matrimonio.