Uruguay

En Uruguay, el 25% de las niñas están casadas o en unión libre antes de los 18 años y el 1% antes de cumplir los 15 años.

Los matrimonios y uniones infantiles, precoces y forzados son más frecuentes en las zonas rurales de Uruguay con menos de 5.000 habitantes, y entre los afrodescendientes y otros grupos étnicos minoritarios.

Los matrimonios y uniones infantiles, precoces y forzados están motivados por la desigualdad de género y la creencia de que las mujeres y las niñas son de algún modo inferiores a los hombres y los niños.

Existe poca información sobre el CEFMU en Uruguay, pero los estudios disponibles muestran que está impulsado por:

Nivel de educación:el 23% de las mujeres con estudios primarios estaban casadas o en pareja antes de los 18 años, frente a sólo el 1% que habían completado estudios superiores.

Pobreza: el 29% de las mujeres de los hogares más pobres de Uruguay se casaron o se unieron cuando eran niñas, frente a sólo el 6% en los hogares más ricos.

Uruguay se ha comprometido a poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado para 2030, en consonancia con la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante su Examen Nacional Voluntario en el Foro Político de Alto Nivel de 2017, el gobierno destacó el aumento de la edad mínima para contraer matrimonio de 12-14 a 16 años. Sin embargo, no informó de ningún avance hacia la meta 5.3 durante su Examen Nacional Voluntario en los Foros Políticos de Alto Nivel de 2018, 2019, 2021 y 2022.

Uruguay copatrocinó las siguientes resoluciones del Consejo de Derechos Humanos: la resolución de procedimiento de 2013 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado, la resolución de 2015 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado, la resolución de 2017 sobre el reconocimiento de la necesidad de abordar el matrimonio infantil, precoz y forzado en contextos humanitarios, la resolución de 2019 sobre las consecuencias del matrimonio infantil, la resolución de 2021 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado en tiempos de crisis, incluida la pandemia del COVID-19, y la resolución de 2023 sobre poner fin y prevenir el matrimonio forzado. En 2014, Uruguay también firmó una declaración conjunta en el Consejo de Derechos Humanos pidiendo una resolución sobre el matrimonio infantil.

Uruguay copatrocinó las resoluciones de la Asamblea General de la ONU de 2014, 2016 y 2022 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado.

Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, que el Comité de los Derechos del Niño ha interpretado para recomendar el establecimiento de una edad mínima para contraer matrimonio de 18 años, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1981, que obliga a los Estados a garantizar el libre y pleno consentimiento para contraer matrimonio.

Durante su examen de 2023, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por la edad mínima para contraer matrimonio establecida en el Código Civil. Recomendó que el gobierno elevara la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años y eliminara todas las excepciones, incluido el consentimiento paterno.

Durante su Examen Periódico Universal de 2014, Uruguay apoyó las recomendaciones de eliminar el matrimonio infantil y adoptar los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, tanto para niñas como para niños. Durante su Examen Periódico Universal de 2018, Uruguay apoyó las recomendaciones de adoptar legislación para elevar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años.

Uruguay, como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), está vinculado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de hombres y mujeres en edad núbil a contraer matrimonio y pide a los gobiernos que refuercen la respuesta para hacer frente a la violencia y la discriminación de género, incluidos el matrimonio y las uniones precoces, forzados e infantiles, desde una perspectiva que respete la evolución de las capacidades y la autonomía progresiva.

Uruguay ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará) en 1996. En 2016, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) recomendó a los Estados Partes que revisaran y reformaran las leyes y prácticas para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años para mujeres y hombres.

Uruguay, como miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, adoptó el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en 2013, que reconoce la necesidad de abordar los altos niveles de embarazo adolescente en la región, ya que suelen estar asociados al matrimonio forzado de niñas. En 2016, los países de la CEPAL también aprobaron la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género. Esta Agenda recoge los compromisos asumidos por los gobiernos en materia de derechos y autonomía de las mujeres e igualdad de género durante los últimos 40 años en las Conferencias Regionales de Mujeres de América Latina y el Caribe. La Agenda reafirma el derecho a una vida libre de toda forma de violencia, incluyendo el matrimonio forzado y la cohabitación para niñas y adolescentes.

Desde 2016, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado sigue estudiando un proyecto de ley que modificaría el Código Civil para elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, independientemente del sexo.

En virtud del artículo 91 del Código Civil de 1995, las personas deben tener al menos 16 años para contraer matrimonio, y si son menores de 18 años necesitan el consentimiento paterno para hacerlo.

En diciembre de 2020, el Consejo de Ministros uruguayo aprobó un proyecto de ley para elevar la edad mínima legal para contraer matrimonio de 18 a 21 años. Este proyecto de ley llegó después de que un informe del Grupo de Trabajo revelara que elevar la edad mínima legal para contraer matrimonio reduciría las tasas de mortalidad materna adolescente y mejoraría la nutrición de mujeres y niñas. A pesar de que aún se trata de un proyecto de ley, se espera que el Parlamento modifique la Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil de 2006 y la Ley de Matrimonios Especiales.