En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Guatemala aprobó la llamada “Ley para la protección de la vida y la familia” (Ley 5272), una iniciativa altamente punitivista y discriminatoria que contradice tratados internacionales de derechos humanos y que incrementa el riesgo de matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas (MUITF).
Esta ley carece de un enfoque integral sobre derechos sexuales y reproductivos, pues contempla modificaciones al Código Penal que criminalizan a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo, a las que tengan un aborto espontáneo o involuntario y a quienes les brinden acompañamiento; prohíbe el acceso a la educación integral en sexualidad de niñas, niños y adolescentes en centros educativos públicos y privados; promueve una educación basada en convicciones morales y religiosas y omite las obligaciones del Estado de brindar información o ejecutar acciones para la prevención de embarazos no deseados.
Esta ley incrementa el riesgo de MUITF en el país, donde actualmente el 30% de las mujeres se casan o se unen antes de cumplir 18 años. En Guatemala, como en otros países de la región, los MUITF están relacionados, entre otros factores, con los embarazos en la adolescencia y la falta de acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos anticonceptivos y de interrupción del embarazo. Los MUITF, a su vez, incrementan el riesgo de que las adolescentes abandonen la escuela, contraigan infecciones de transmisión sexual y sufran violencia por parte de su pareja.
El decreto 18-2022 es también una iniciativa altamente discriminatoria, pues prohíbe de manera explícita las uniones entre personas del mismo sexo al establecer que el matrimonio únicamente será reconocido cuando sea la unión de hecho entre una mujer y un hombre “de nacimiento”, y limita el derecho a la familia al negar la existencia de familias diversas y al establecer que niñas y niños solo podrán vivir dentro de familias conformadas por una madre y un padre. También señala que las posiciones o compromisos expresados o adquiridos por las personas servidoras públicas en contravención de dicha Ley serán nulos, al tiempo de poder enfrentar una sanción en consecuencia.
Desde Girls Not Brides: La Alianza Global para Terminar con el Matrimonio Infantil nos solidarizamos con nuestras organizaciones miembro y aliadas en Guatemala y nos unimos al llamado #NoALaLey5272 para que el Congreso de Guatemala rechace y archive esta iniciativa. Llamamos al Congreso de Guatemala y al presidente Alejandro Giammattei a frenar la publicación de iniciativas que vulneran los derechos de las mujeres y las personas diversas, pues como dice nuestra representante para América Latina y el Caribe, Alma Burciaga González: “Las niñas, adolescentes y mujeres en Guatemala y en toda la región necesitamos un marco normativo que, en lugar de criminalizarnos, contribuya a garantizar nuestros derechos.”
---------------------------------------------------------------
Más información:
Girls not Brides es una alianza mundial de más de 1.600 organizaciones de la sociedad civil presentes en más de 100 países, comprometidas a terminar con el matrimonio infantil y a ayudar a que las niñas y adolescentes puedan alcanzar su pleno potencial.