Perú

En Perú, el 14,1% de las niñas están casadas o en unión libre antes de cumplir los 18 años y el 2% antes de los 15 años.

En Perú, más que un matrimonio formal, la mayoría de las uniones son informales.

Los matrimonios y uniones infantiles, precoces y forzados están motivados por la desigualdad de género y la creencia de que las mujeres y las niñas son de algún modo inferiores a los hombres y los niños.

En Perú, los CEFMU se ven agravados por:

Nivel educativo:Según los datos de la encuesta demográfica y de salud de 2014, las niñas sin estudios se casan a los 17 años de media. Cuanto más joven se casa una niña, más probable es que abandone la escuela prematuramente y, por lo tanto, tenga un bajo nivel educativo y oportunidades de empleo en el futuro.

Embarazo adolescente: En Perú, se ha encontrado que la maternidad temprana está intrínsecamente relacionada con el CEFMU y la cohabitación. En la mayoría de los casos, esta última es consecuencia de la primera. Entre 2015 - 2020, para las adolescentes entre 15 - 19 años, la tasa de natalidad adolescente en el Perú fue de 44%. Para las mujeres de 20 a 24 años, entre 2015 y 2020, el 16% había dado a luz antes de los 18 años.

La pobreza: Las niñas de los hogares más pobres de Perú tienen más probabilidades de casarse antes de los 18 años que las que viven en los hogares más ricos. El CEFMU es más frecuente en las zonas rurales, donde la pobreza es generalizada y no hay oportunidades. Las estadísticas de 2017 indican que el 40% de las niñas de entre 15 y 17 años que pertenecían a los hogares más pobres estaban casadas, convivían o estaban en una unión informal.

Prácticas nocivas: En comunidades rurales con ancestros incas, Servinacuyque es un acuerdo en el que un hombre ofrece regalos a la familia de la chica a cambio de cohabitar con ella antes de entrar en una unión oficial.

Violencia de género: Según un estudio de 2019, muchas niñas contraen uniones precoces como forma de escapar de la violencia en casa. Las normas de género desempeñan un papel importante a la hora de permitir la violencia de género y también se utilizan como justificación para el matrimonio infantil, la cohabitación y el embarazo adolescente. Entre enero y diciembre de 2020, debido a la pandemia de COVID-19, se denunciaron 35.661 casos de violencia contra menores, 15.447 de violencia psicológica, 10.475 de violencia física y 9.582 de violencia sexual. La mayoría de los casos reportados(46%) fueron de víctimas entre 12 y 17 años, 37% de niños entre 6 y 11 años y 17% de niños entre 0 y 5 años. En un Estudio Nacional realizado en 2019, el 59% de los peruanos considera que la violencia contra los niños es socialmente aceptable y el 22% piensa que es mejor no intervenir en casos de abuso sexual infantil.

Explotación sexual y trata de menores: Perú es considerado un país de origen, tránsito y destino de la trata de menores. En 2020 se denunciaron 394 casos de trata, 140 de los cuales afectaban a niñas menores de 18 años y 26 a niños menores de 18 años. Los niños migrantes venezolanos que viven en Perú y los niños de comunidades indígenas corren un mayor riesgo de ser explotados por bandas criminales.

Etnias: En Perú viven 55 grupos indígenas diferentes en las regiones amazónica y andina. Los niños de estas comunidades corren un mayor riesgo de explotación debido a la pobreza y a las barreras para acceder a la educación y a los servicios sanitarios. Según las estadísticas del censo nacional de 2017, el 40% de las mujeres indígenas amazónicas de entre 15 y 49 años se casaron antes de los 18 años. El CEFMU es particularmente frecuente entre las comunidades indígenas de Perú, incluida la Napo. En algunas comunidades indígenas, la unión la organizan el padre de la niña y las autoridades de la comunidad, dando poca importancia a los deseos de la niña y su madre.

Mala aplicación de las leyes: Un estudio de 2019 encontró que, aunque el CEFMU es ilegal en Perú, los casos rara vez se denuncian para evitar "un escándalo", y cuando lo son, las autoridades alentarán a la familia de la niña y al hombre a llegar a un acuerdo (económico) fuera del sistema judicial.

COVID-19: Perú fue uno de los países del mundo con más muertes por la pandemia de COVID-19. Un estudio académico de 2021 descubrió que 136.572 niños habían perdido a un cuidador primario o secundario debido al COVID-19. Esta mayor vulnerabilidad, unida al cierre prolongado de las escuelas, dejó a los niños vulnerables expuestos a la explotación sexual, la trata, la violencia de género y el matrimonio precoz.

Los contextos humanitarios pueden abarcar una amplia gama de situaciones, antes, durante y después de catástrofes naturales, conflictos y epidemias. Exacerban la pobreza, la inseguridad y la falta de acceso a servicios como la educación, factores todos ellos que impulsan el matrimonio infantil. Aunque la desigualdad de género es una causa fundamental del matrimonio infantil tanto en contextos estables como de crisis, a menudo en tiempos de crisis las familias ven en el matrimonio infantil una forma de hacer frente a mayores dificultades económicas y de proteger a las niñas de una mayor violencia.

Desde 2014, la inestabilidad política en Venezuela ha convertido a Perú en el principal país de acogida de solicitantes de asilo venezolanos. La gran afluencia de solicitantes de asilo, unida a la pandemia de COVID-19, ha hecho que Perú acoja a 1,05 millones de migrantes venezolanos, de los cuales más de 190.000 son niños.

Perú se ha comprometido a eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado para 2030, en consonancia con la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El gobierno no proporcionó información actualizada sobre los avances hacia esta meta durante su Examen Nacional Voluntario en el Foro Político de Alto Nivel de 2017 y 2020.

Perú copatrocinó las siguientes resoluciones del Consejo de Derechos Humanos: la resolución de procedimiento de 2013 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado, la resolución de 2015 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado, la resolución de 2017 sobre el reconocimiento de la necesidad de abordar el matrimonio infantil, precoz y forzado en contextos humanitarios, y la resolución de 2019 sobre las consecuencias del matrimonio infantil. En 2014, Perú también firmó una declaración conjunta en el Consejo de Derechos Humanos pidiendo una resolución sobre el matrimonio infantil.

Perú ha firmado la resolución 2021 del Consejo de Derechos Humanos sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado en tiempos de crisis, incluida la pandemia de COVID-19.

Perú copatrocinó las resoluciones de la Asamblea General de la ONU de 2013, 2014, 2016, 2018 y 2020 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado.

Perú ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, que fija en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, y en 1982 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los Estados a garantizar el libre y pleno consentimiento para contraer matrimonio.

Durante su examen de 2021, el Comité de la CEDAW acogió con satisfacción el refuerzo de la legislación para combatir la violencia de género. Manifestó su preocupación por el aumento de los índices de violencia de género, especialmente desde la pandemia del COVID-19. Reconoció que la mayor parte de la violencia se perpetuaba contra mujeres indígenas y afroperuanas, mujeres migrantes y refugiadas y mujeres con discapacidad. El Comité recomendó a Perú que aplicara una estrategia integral para eliminar las percepciones culturales en torno al matrimonio infantil y los estereotipos sobre la mujer.

En 2016, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU expresó su preocupación por el hecho de que los tribunales puedan conceder excepciones a la edad mínima para contraer matrimonio si un chico o una chica tienen 16 años y expresan su deseo de casarse. Instó al gobierno a hacer cumplir la edad mínima legal de forma más efectiva.

Perú, como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), está vinculado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de hombres y mujeres en edad núbil a contraer matrimonio y exhorta a los gobiernos a fortalecer la respuesta para abordar la violencia y la discriminación de género, incluidos el matrimonio precoz, forzado e infantil y las uniones desde una perspectiva que respete la evolución de las capacidades y la autonomía progresiva.

Perú ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará) en 1996. En 2016, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) recomendó a los Estados Partes que revisaran y reformaran las leyes y prácticas para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años para mujeres y hombres.

Perú, como miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, adoptó el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en 2013, que reconoce la necesidad de abordar los altos niveles de embarazo adolescente en la región, ya que suelen estar asociados al matrimonio forzado de niñas. En 2016, los países de la CEPAL también aprobaron la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género. Esta Agenda recoge los compromisos asumidos por los gobiernos en materia de derechos y autonomía de las mujeres, e igualdad de género, durante los últimos 40 años en las Conferencias Regionales de Mujeres de América Latina y el Caribe. La Agenda reafirma el derecho a una vida libre de toda forma de violencia, incluyendo el matrimonio forzado y la cohabitación para niñas y adolescentes.

En 2019, en la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25, Perú se comprometió a cero violencia sexual y de género y prácticas nocivas, incluido cero matrimonio precoz y forzado.

Perú es uno de los países pioneros de la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia Contra los Niños.

Entre junio y julio de 2021, el gobierno revisó el plan de acción nacional existente y los renovó hasta 2030, a saber:

El Plan de Acción Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2012-2021: este plan se centra específicamente en la explotación sexual y la trata de niños en el sector de los viajes y el turismo. Sin embargo, desde la renovación de este plan no existen actualizaciones oficiales sobre su progreso.

El Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017-2021: este plan se centra en la trata de menores con fines sexuales. Desde 2018, los recortes presupuestarios y la falta de coordinación entre los distintos organismos gubernamentales han obstaculizado el avance del plan.

Dado que Perú fue duramente golpeado por la pandemia de COVID-19, a partir de noviembre de 2021, el gobierno adoptó un decreto de emergencia con un plan de asistencia financiera de 200 soles (50 USD) al mes para los niños que perdieron a sus cuidadores principales debido a COVID-19.

En 2020 se presentó una propuesta de ley que pretende erradicar los matrimonios adolescentes. Sin embargo, la propuesta sólo pretende revertir la modificación que permite a los niños mayores de 14 años contraer matrimonio, lo que significa que la edad mínima para casarse volvería a los 16 años. Esta propuesta no contiene ninguna disposición que eleve la edad mínima legal para contraer matrimonio a los 18 años y no incluye ninguna disposición penal para castigar a los autores que fuercen o induzcan el matrimonio infantil.

Como país pionero de la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia Contra los Niños, en septiembre de 2019, el Gobierno de Perú adoptó el Plan de Acción Nacional para Eliminar la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes 2020-2030. Los esfuerzos están siendo liderados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y cuenta con el apoyo de la Alianza Global para Acabar con la Violencia y UNICEF, entre otras partes interesadas clave. El plan de acción se desarrolla de acuerdo con las estrategias INSPIRE y las leyes nacionales de protección de la infancia.

El gobierno tiene dos programas para responder a la violencia contra los niños:

PP nº 0080 Lucha contra la violencia familiar - pretende reducir la violencia en el hogar familiar;

PP Nº 0117 Atención oportuna a niños en presunto estado de abandono - busca que los padres o cuidadores asuman su rol parental.

Aunque no existen planes de acción gubernamentales que aborden explícitamente el matrimonio infantil, otros planes gubernamentales que abordan los factores impulsores del matrimonio infantil incluyen:

Proyecto Nacional de Educación 2021

Política nacional de igualdad de género 2019

Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente 2012-2021

Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021

A través de una publicación en el Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 31945, norma que prohíbe el matrimonio de menores de edad en el Perú, iniciativa que fue aprobada por el Congreso de la República e impulsada por los legisladores Luis Aragón (Acción Popular) y Flor Pablo (No agrupada).

De esta manera, se modifican los artículos 42, 46, 241, 243 y 248 del Código Civil y se incorpora el artículo 46-A y el inciso 10 del artículo 274 aprobado por el Decreto Legislativo 295.

Por tanto, a partir de ahora, el artículo 241 del Código Civil establece que los menores de 18 años no pueden contraer matrimonio.

Asimismo, el artículo 243 detalla que no está permitido el matrimonio de un tutor o curador con un menor.