Portugal eleva a 18 años la edad mínima legal para contraer matrimonio sin excepciones

24 de marzo de 2025 - Portugal ha dado un paso importante en la protección de los derechos de los adolescentes de ambos sexos al elevar a 18 años, sin excepciones, la edad mínima legal para contraer matrimonio. Anteriormente, las personas de 16 y 17 años podían casarse con el consentimiento de sus padres. Este cambio legislativo pretende eliminar los matrimonios infantiles, precoces y forzados, garantizando que todas las personas contraigan matrimonio como adultos con consentimiento.

El decreto, promulgado por el Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, modifica el Código Civil, el Código del Registro Civil y la Ley de Protección de Niños y Jóvenes en Peligro. También incluye el matrimonio infantil, precoz o forzado en el conjunto de situaciones peligrosas que justifican la intervención para promover los derechos y la protección de los niños y jóvenes en peligro.

En virtud de una norma transitoria, los matrimonios de jóvenes de 16 a 18 años celebrados legalmente antes de la entrada en vigor de esta ley seguirán siendo válidos. Cualquier emancipación resultante de estos matrimonios también sigue siendo válida. Hasta que ambos cónyuges alcancen la mayoría de edad, estos matrimonios seguirán rigiéndose por las normas legales anteriores.

Sobre las leyes de matrimonio infantil

El matrimonio infantil sigue siendo un problema mundial, con 12 millones de niñas casadas antes de los 18 años cada año. Aunque reformas legales como la de Portugal son cruciales, deben ir acompañadas de enfoques integrales que aborden las causas profundas del matrimonio infantil, como la desigualdad de género, la pobreza y la falta de acceso a la educación.

Las leyes contra el matrimonio infantil son importantes, pero no bastan por sí solas. Para garantizar que las niñas y las mujeres puedan ser social, económica y políticamente independientes -tomando decisiones informadas sobre el matrimonio, su cuerpo, su educación y su trabajo-, las leyes también deben ir acompañadas de inversiones en servicios y políticas transformadoras de género para abordar las causas profundas del matrimonio infantil y garantizar que las leyes realmente protejan y apoyen a las niñas en situación de riesgo. Los datos también demuestran que penalizar el matrimonio infantil puede tener consecuencias negativas y no deseadas para las adolescentes, sus familias y sus hijos. Esto pone de relieve la necesidad de que las medidas legales formen parte de un enfoque integral que aborde los factores estructurales del matrimonio infantil y proporcione servicios y apoyo a las niñas que ya están casadas.